Promoción de cibernormas inclusivas: un estudio de caso de la Fundación Karisma
En julio, GPD publicó la Guía para Cibernormas Inclusivas, un recurso pionero cuyo objetivo es apoyar y capacitar a personas que se encargan de la formulación de políticas públicas y a otras partes interesadas en el incorporamiento de un enfoque inclusivo durante el desarrollo e implementación de cibernormas.
Para ubicar y dar vida a las lecciones y principios clave establecidos en la Guía de herramientas, se encargó a tres organizaciones de la sociedad civil que trabajan en América Latina (Derechos Digitales (América Latina), R3D (México) y Fundación Karisma (Colombia) que escribieran estudios de caso, en los que describieran sus experiencias de defensa de la ciberseguridad y los derechos humanos.
A continuación se presenta el tercer estudio de caso, realizado por Karisma.
Antecedentes y contexto
En septiembre de 2022, la secretaría técnica del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista invitó a Karisma a formar parte del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres en Política para elaborar indicadores de violencia contra las mujeres en la política. El Observatorio es una «red de actores de la cooperación internacional y del Estado que trabajan en el monitoreo y análisis de la violencia contra las mujeres en políticar». Está vinculado con las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer sobre cómo abordar la violencia contra las mujeres en la política.
¿Qué objetivo tenía su organización al involucrarse en este proceso?
Nuestro objetivo era aportar al Observatorio nuestra experiencia e investigación sobre lo sucedido a las candidatas durante las elecciones al Congreso de 2022 en Colombia, y las diferentes formas de violencia a las que se enfrentaron las candidatas, incluidas las situaciones que pusieron en peligro su seguridad. También pretendíamos argumentar que las respuestas legislativas al problema de la violencia no deben afectar derechos como la libertad de expresión y la intimidad, como la Fundación Karisma lo ha hecho en el pasado.
A partir de esa experiencia, nuestro principal objetivo era garantizar que la evidencia que hemos recaudado hasta el momento pudiera ayudar a configurar futuras propuestas normativas, y aportar una perspectiva de derechos humanos a la regulación del entorno digital.
¿Qué dificultades anticipaban al iniciar el proceso? ¿Cómo se preparó la organización para afrontarlas?
Inicialmente, nos sumamos al Observatorio para elaborar indicadores relacionados con la violencia contra las mujeres políticas, ya que su función principal era recopilar información cualitativa y cuantitativa para un informe semestral sobre la situación de la violencia a la que se enfrentan las mujeres en la política. No obstante, en 2022 se presentó en el Congreso un proyecto de ley sobre violencia contra las mujeres en la política que pretendía implementar la Ley Modelo Interamericana de la OEA para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política. Así pues, comenzamos a involucrarnos en el proceso de tramitación del proyecto de ley, que rápidamente acaparó el trabajo del Observatorio. Este inesperado cambio de ámbito fue la primera dificultad. Sin embargo, nuestro claro interés y el valor agregado de participar en el proceso —al que aportamos nuestras experiencias y en el que apoyamos a grupos de la sociedad civil para garantizar la incorporación de consideraciones de derechos digitales en el proyecto de ley— nos permitió ajustar nuestro enfoque a medida que cambiaban las prioridades.
Los debates relativos al Observatorio y al proyecto de ley fueron complejos. A través del Observatorio, Karisma y otras partes interesadas crearon un texto paralelo al proyecto de ley, destinado a contribuir a las negociaciones en curso. El proceso de elaboración de este texto fue difícil, ya que las partes interesadas que participaban en el Observatorio tenían objetivos y perspectivas diversos. No todas las propuestas del Observatorio contaron con el pleno apoyo de todas las partes interesadas. Karisma retiró su apoyo a determinadas propuestas que atentaban contra los derechos humanos y, en particular, contra la libertad de expresión (por ejemplo, mediante el bloqueo de contenidos o la suspensión de cuentas de usuarios como forma de promover espacios en línea seguros).
Al mismo tiempo, el proyecto de texto paralelo incluía una serie de garantías para los derechos humanos y nuestra prioridad era asegurarnos de que se mantuvieran a lo largo de todo el proceso de tramitación del proyecto de ley en el Congreso. El debate democrático en el Congreso hizo que también aumentara el número de personas interesadas que participaban en los debates y la diversidad de sus perspectivas e intereses. Sabíamos que cualquier acuerdo alcanzado por consenso a través de los debates del Observatorio tenía más probabilidades de llegar obtener la luz verde del Congreso, mientras que las posiciones discrepantes tendrían que defenderse una por una ante los miembros del Congreso. El seguimiento y la defensa intensiva que requiere la fase legislativa es una actividad ardua para la sociedad civil.
¿Qué sucedió?
En los debates del Observatorio, Karisma contribuyó a definir los riesgos diferenciales para las mujeres en política, incluida la ciberseguridad, lo que ayudó a colmar una laguna de conocimientos en el Observatorio, que en general carece de integrantes con pericia en tecnología.
El Observatorio proporcionó un espacio para el diálogo entre múltiples partes interesadas sobre soluciones políticas para combatir la violencia contra las mujeres en la política y sus dimensiones en línea. El trabajo realizado a través del Observatorio ayudó a las diferentes partes interesadas a comprender la función y la responsabilidad del Estado, y demostró el importante papel que desempeña la sociedad civil (local e internacional) en la elaboración y la aplicación de soluciones políticas, incluidas las relacionadas con los riesgos de ciberseguridad y la protección de los derechos humanos.
Sin embargo, el afán por lograr la aprobación del proyecto de ley —que debía aprobarse en una sola legislatura— limitó el espacio para la consulta y el diálogo. Si bien expusimos nuestras críticas en las primeras fases del proceso, la tensión entre el ejercicio del derecho a vivir una vida libre de violencia y otros derechos, como la libertad de expresión y la privacidad, resultó difícil de superar. Los intentos de explicar las implicaciones de ciertas propuestas sobre procesos técnicos —relacionados con Internet, las plataformas de redes sociales y las competencias estatales sobre el tráfico de Internet— no resultaron del todo fructíferos.
Al final, no fue posible llegar a un consenso sobre la necesidad de adoptar medidas centradas en la mujer, que incluyan la prevención, la atención y la reparación. Tampoco fue posible conseguir que se eximiera de las sanciones por violencia de género a la labor periodística y de denuncia ciudadana. Por el contrario, se incluyeron definiciones bastante amplias de lo que constituye violencia y se otorgó a una autoridad administrativa la potestad de decidir qué contenidos de las redes sociales se consideran desinformación y de imponer sanciones en consecuencia. También se planteó la posibilidad de eliminar la propaganda digital que afecta a las mujeres, sin establecer el debido proceso.
En el momento de redactar este informe, el proceso sigue en curso y está previsto que finalice en 2024. Dado que el proyecto de ley aspira a convertirse en ley estatutaria, deberá recibir el visto bueno tanto del Congreso como de la Corte Constitucional.
Seguimos examinando el proyecto de ley y sensibilizando sobre los posibles problemas que plantea para el ejercicio de los derechos humanos en línea.
¿Las personas encargadas de la formulación de políticas velaron por que el proceso fuera integrador?
A diferencia de otros procesos normativos en Colombia, este proceso está relativamente centrado en las personas, ya que trata sobre un grupo específico afectado (las mujeres en la política). Las organizaciones que forman parte del Observatorio están familiarizadas con las luchas de las mujeres políticas. Sin embargo, hubiera sido deseable un proceso más abierto, con representantes de diferentes regiones del país. Aunque el trabajo del Observatorio no trata explícitamente sobre la ciberseguridad, el Gobierno ha indicado que su objetivo a más largo plazo es abordar la ciberseguridad de una manera similar, centrada en las personas.
Durante el proceso, el Observatorio se ha esforzado por llegar a las mujeres afectadas por la violencia en la vida política. Esto ha permitido un debate más holístico dentro del proceso sobre los impactos humanos.
Recomendaciones
Para la sociedad civil:
- Asegurarse de que se dispone de recursos y capacidad para participar durante todo el proceso.
- Encontrar vías alternativas para involucrar a las autoridades políticas responsables de la ciberseguridad. En este caso, el marco más amplio de la violencia contra las mujeres nos dio la oportunidad de hablar de consideraciones de ciberseguridad y de la forma en que afectan a estos grupos.
- Preparar el terreno con ejemplos y mensajes claros. Esto facilitará una mayor comprensión de las cuestiones más técnicas (es decir, los riesgos de ciberseguridad), sobre todo en el contexto de un debate complejo que incluye a agentes muy diversos.
- Construir posiciones conjuntas con otras ONG que participen en el proceso (en este caso, el Observatorio). Ahora bien, esto puede suponer un reto cuando las organizaciones tienen valores o posturas diferentes en materia de derechos humanos.
- Establecer un acuerdo lo antes posible en el marco del proceso sobre la forma de expresar la disconformidad de manera constructiva.Acordar la posición de su ONG antes de las reuniones.
Para las instancias responsables de la formulación de políticas:
- Consultar y solicitar comentarios a las diferentes partes interesadas, en particular a las de los grupos más afectados.
- Garantizar que las oportunidades de participación reflejen las diversas experiencias, necesidades y perspectivas de las distintas partes interesadas.
- Recabar de forma proactiva los aportes de los grupos más afectados y tratar de comprender, equilibrar y respetar los distintos enfoques, incluidos aquellos que sean contradictorios.
- Garantizar que existan mecanismos de coordinación y medidas educativas para lograr que la opinión pública acepte y comprenda las disposiciones clave, cuyo significado e impacto pueden ser difíciles de entender. Si bien, históricamente, las autoridades colombianas han regulado las cuestiones de ciberseguridad desde una perspectiva de derecho penal, pensar en la regulación en términos de la promoción de la educación sobre ciberseguridad y derechos digitales podría ser una manera de empoderar a la ciudadanía.